Es lógico que un Gobierno que vive por y para su imagen pública, a menudo convertida en simple propaganda, esté preocupado por cómo enmendar una negligencia mayúscula como la ocurrida con la llamada “ley del solo sí es sí”.

Las palabras de Irene Montero, señalando a todos los que, con mayor experiencia y capacidad profesional, le advertían, y diciendo que no habría un solo caso de rebaja de penas, se vuelven ahora como un boomerang contra el Gobierno de Sánchez. La chapuza legislativa ha supuesto, hasta el día de hoy, la rebaja de penas a más de 270 agresores sexuales.

Las voces de alarma ya no solo vienen desde fuera, donde el descrédito del Ejecutivo es cada día mayor, sino desde dentro del propio partido socialista, que empieza a clamar por una situación insostenible, más aún con las elecciones municipales cada vez más cerca. Ahora Sánchez, rehén de sus socios radicales, como en tantas otras ocasiones a lo largo de esta legislatura, se ve en la encrucijada de tener que rectificar sin que se note demasiado. El despropósito de esta ley retrata a la perfección la incapacidad para un puesto de responsabilidad y gobierno de los socios de Unidas Podemos, que siguen resistiéndose a tocar una sola coma del texto y persisten en su realidad paralela, culpando a los jueces de lo que está sucediendo.

Llegados a este punto de difícil retorno, solo cabe pedir al Ejecutivo que tenga la gallardía que hasta ahora no ha mostrado, que intervenga y que deje todo este esperpento en un mal grave, pero menor, si lo comparamos con el destrozo mayor que puede provocarse si siguen empeñados en no hacer nada.