Yassine Kanjaa, el marroquí de 25 años que la semana pasada asesinó al sacristán Diego Valencia e hirió a otras personas en Algeciras, tenía abierto un expediente de expulsión desde hacía meses. Este hecho, que al final ha tenido consecuencias trágicas, no justifica que se alimente la imagen falsa de que España está siendo invadida por una gran ola de migrantes en situación irregular. En España hay unos seis millones y medio de extranjeros, de los cuales, 500.000 están en situación irregular.

El año pasado se abrieron 35.000 expedientes de expulsión y solo se expulsaron 2.700. Un migrante irregular es una persona, y la ley reconoce sus derechos. El Tribunal Supremo sostiene que se debe acordar la expulsión si se dan circunstancias agravantes como tener antecedentes penales, no tener documentación, no tener domicilio fijo, no tener familia, desconocer por dónde y cuándo entró en España. Cuando se termina el expediente de expulsión, si el migrante no tiene pasaporte es necesario que el país de origen reconozca que es nacional suyo, y es necesario que mande un salvoconducto. Mientras tanto, suele esperar en un CIE, y si no llega el salvoconducto, se queda en la calle.

Por otra parte, existe la paradoja de que los empresarios del campo, de la construcción y de otros muchos sectores, tienen necesidad de mano de obra, pero tienen dificultad para contratar a los migrantes que están en España. El nuevo reglamento de extranjería facilita la regularización, pero hay que seguir trabajando para resolver mejor las necesidades de las partes implicadas, sin olvidar las exigencias de seguridad.