El próximo 11 de junio se cumple el mandato del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Un mandato que se ha regido por la independencia de criterio y la autonomía propias del órgano regulador de la economía, que además tiene una relación directa con el Banco Central Europeo. Será el momento en el que el Gobierno proceda a una renovación que, hasta el presente, siempre se ha hecho en diálogo y acuerdo con el principal partido de la oposición. Junto con el Gobernador también se producía el cambio del Subgobernador, lo que permitía un equilibrio en las propuestas de unos cargos que se han regido por el servicio al Estado más allá de las opciones partidistas personales.

En la actual circunstancia política parece inviable el acuerdo entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo para renovar la cúpula del Banco central español. Máxime si el partido socialista utiliza esta renovación como moneda de cambio para que el PP se someta a sus criterios en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El secretismo con el que el Ejecutivo está preparando esta renovación ha creado malestar no sólo en los ámbitos de la política y de la empresa, sino en los bancarios, interlocutores habituales del Banco de España. Lo que no sería de recibo es que, pese a que el Gobierno proclama su voluntad de regenerar las instituciones, el nombramiento del Gobernador del Banco de España se convirtiera en una ocasión más de colonización de las instituciones, más orientada a servir a intereses partidistas que a incentivar la marcha de la economía española desde criterios de rigor técnico y de independencia política.