No parece que Pedro Sánchez tenga el mejor inicio de legislatura a tenor de los acontecimientos judiciales, de la lupa europea sobre las amenazas a la separación de poderes, del conflicto diplomático con Israel y de las consecuencias de sus declaraciones en su reciente aparición en Televisión Española.

En esta entrevista el presidente del Gobierno no pudo esquivar la hemeroteca, acorralado por sus declaraciones del pasado. Demostró una vez más que su coherencia es nula al reconocer que la ley de Amnistía “probablemente no era el paso que quería dar”.

Lo que no explicó es que si no era el paso que quería dar, lo ha dado porque es la única forma de seguir en la Moncloa, lo que le ha convertido en rehén de un prófugo de la justicia.

Pero lo más grave es la seguridad con la que afirmó que quienes se oponen a la ley de amnistía acabarán aceptándola, del mismo modo que, a su juicio, ocurrió con la ley del divorcio o la de matrimonio homosexual.

La supuesta normalización social a la que se refiere Sánchez no significa que lo inconstitucional se convierta en constitucional, que la mentira se convierta en verdad y que, además, la sociedad española sea incapaz de reaccionar ante esta mutación profunda.

Lo que Sánchez está diciendo es que, haga lo que haga, es cuestión de tiempo que los españoles se rindan ante la evidencia de sus intereses.

Pedro Sánchez no parece entender que la libertad de decir “basta” es patrimonio de la conciencia personal y de la movilización social ante las amenazas que se ciernen sobre nuestro sistema democrático.