El presidente del Gobierno y su súper ministro Félix Bolaños creen que para que la sociedad española acate la amnistía basta con desquiciar el lenguaje, banalizar el alcance de los acuerdos con el independentismo y deslegitimar al disidente acusándole de fascista y reaccionario. Ignoran que hay españoles, y también no españoles, que están dispuestos a resistir. Y olvidan que, en democracia, gracias a la libertad de expresión y de información, las mentiras pueden ser desenmascaradas.

Ayer jueves, el tres veces ministro Bolaños dijo categóricamente que en las instituciones europeas había “cero preocupación” por las consecuencias institucionales del acuerdo entre Junts y el PSOE. Hoy, solo un día más tarde, el portavoz de Justicia de la Comisión europea le ha desmentido y ha declarado públicamente que no es verdad que en Europa no preocupe la ley de amnistía y su encaje en el derecho de la Unión. El Gobierno de España podrá intentar negarlo de nuevo y acusar al PP de traicionar los intereses de España desde el seno del Grupo Popular Europeo. Lo que no va a poder es frenar a los eurodiputados ni a la Comisión. Lo que suceda en España repercute en todos los miembros y si Europa permite que se socaven las bases del Estado de Derecho, el propio entramado de la Unión entra en crisis. Pertenecer a la Unión Europea implica derechos y garantías, pero también deberes. Las tretas de Sánchez le han valido hasta ahora, pero quizás choquen con el frente institucional europeo. Su éxito ha sido inmediato, pero quizás acabe siendo muy efímero.