El juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por un posible delito de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. El juez Juan Carlos Peinado investigará las posibles irregularidades en sus relaciones con varias empresas que durante la pandemia recibieron fondos públicos, financiación o contratos del Gobierno. Esta apertura de diligencias no implica que Begoña Gómez esté imputada. El proceso que ahora se inicia se refiere a las actuaciones de la mujer del presidente en el caso de Air Europa, compañía rescatada por fondos públicos, y a la intervención de Gómez en la adjudicación de contratos públicos a la UTE para la que hacía de intermediaria.

En la sesión de control del Congreso, Pedro Sánchez ha dicho que, “a pesar de todo”, sigue creyendo en la Justicia, en su autonomía y en su independencia. Menos mal que todo un presidente cree en la autonomía y en la independencia de la Justicia, aunque algunas de sus actuaciones en relación con el Poder Judicial, y la propia aprobación de la ley de Amnistía, no hagan honor a esa confianza.

Begoña Gómez tiene derecho a la presunción de inocencia y a todas las garantías que ofrece nuestro Estado de Derecho. En cualquier caso, el hecho de que, por primera vez en nuestra democracia, la esposa del presidente del Gobierno sea investigada por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción es un hecho política y mediáticamente relevante, pero nadie debe sacar conclusiones apresuradas.