Lo ocurrido en el inicio de la decimoquinta legislatura con el discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, es un signo claro de lo que nos espera. Frente a lo que correspondía en tan solemne ocasión, Armengol desechó la neutralidad que se le exige a la tercera autoridad del Estado y actuó más como portavoz del grupo parlamentario socialista que como presidenta del Congreso.

Dejando a un lado el hecho de que no mencionara ni una sóla vez a la monarquía, allí presente en la persona del rey Felipe VI, que presidía el acto, lo más grave es que utilizó su intervención para responsabilizar a la oposición de “distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos, desde la opacidad de la disputa”, lo que según ella “solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones”.

No contenta con este retorcimiento de la realidad, dedicó una parte de su parlamento a pregonar una serie de leyes, aprobadas por la mayoría que apoya al Gobierno sin el mínimo consenso, calificándolas de históricas. Y para cerrar el ciclo, pidió que “avancemos, de una vez, hacia una democracia en la que nos comprendamos todos”, como si los cuarenta y cinco años de historia democrática de España no hubieran supuesto, cada vez, una oportunidad de consolidar y profundizar en el sistema político fruto de la concordia de los españoles. La Presidenta del Congreso eludió también las tradicionales exclamaciones finales de ¡Viva la Constitución! y ¡Viva el Rey!, que sí entonaron sus antecesores. No es la primera vez que Francina Armengol actúa o habla no cómo quien representa a la institución garante de la soberanía nacional, sino como una activista política de su partido.