El empeño de Pedro Sánchez de seguir en La Moncloa, ha desatado ya una nueva batalla judicial quepone de nuevo en solfa la doctrina democrática de separación de poderes. En plena negociación con el prófugo Puigdemont para comprar sus votos y hacer posible la investidura del cndidato socialista, la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del ex presidente de la Generalitat contra la orden de detención dispuesta por el Tribunal Supremo.

En principio, esta decisión supone que la citada orden de detención sigue vigente y que Puigdemont puede ser detenido en el caso de pisar tierra española. Ocurre, sin embargo, que la citada la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional, de mayoría conservadora, no ha tenido en cuenta que Sánchez negocia con el prófugo independentista su apoyo para copar la mesa del Congreso y, después, sus votos para la investidura.

Quien sí ha visto en peligro la negociación en marcha ha sido el Fiscal General, que depende directamente del Gobierno y a quien le ha faltado tiempo para anunciar que recurrirá la decisión de la sala del Tribunal Constitucional, en espera de que se reúna el pleno donde la mayoría sanchista revocará, con toda probabilidad, el rechazo del recurso de amparo de quien depende el futuro de Sánchez.

Todo este embrollo políto-judicial anuncia una lucha interna en el Constitucional y un enfrentamiento con el Tribunal Supremo que pretende aplicar la ley a quien la ha vulnerado.

Asistimos así a la que acaso sea la penúltima batalla del sanchismo por su supervivencia, en detrimento de la Justicia y de la misma democracia, dos elementos que no paracen preocupar en absoluto a quien pretende mantenerse en el Poder a a toda costa.