Gustavo Petro y Antonio Manuel López Obrador se han reunido en Cali bajo el paraguas de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas. El Presidente de Colombia siempre ha sido contrario a la estrategia de lucha militarizada contra el narcotráfico. En la Conferencia citada ha tenido oportunidad de esbozar de nuevo sus propuestas que el Presidente de México ha reconocido compartir. Ambos mandatarios presiden dos de los países más castigados por el tráfico de drogas, y ambos sostienen públicamente que el precio que Colombia y México han pagado, y otros países de América Latina están pagando, es resultado de la guerra militar contra el narco que Estados Unidos ha diseñado durante 50 años.

Petro aboga abiertamente por suscribir una alianza latinoamericana para caminar hacia la desregulación de la producción y el comercio, y sustituir la respuesta penal al consumo por medidas sociales y sanitarias. Ambos Gobiernos han reducido la presión sobre los agricultores dedicados al cultivo, pero no les han ofrecido medidas alternativas ni se han caracterizado por una lucha decidida contra los narcotraficantes. En México, como denuncia la candidata de la oposición, los abrazos han sido para los narcos, mientras los balazos han sido para los ciudadanos. Tampoco las llamadas a la paz total que Petro anuncia han llevado implícito el combate contra el crimen organizado. Pedir la despenalización internacional del comercio y no frenar la producción interna no parece una medida real ni factible. La lucha policial y penal quizás no sea suficiente, pero lo que nadie duda es de que ambas son necesarias. De lo contrario, como demuestra la realidad, solo se benefician los criminales.