Este domingo se ha leído en todas las misas celebradas en Filipinas una Carta de los obispos en la que alertan sobre la nueva ley que confiere poderes especiales al Ejecutivo en la lucha contra el terrorismo, una excusa que bien puede usarse para combatir la disidencia y la libertad de conciencia. La denuncia de los obispos coincide con la postura de los defensores de los derechos civiles.

El Gobierno de Rodrigo Duterte ya ha dado sobradas muestras de su deriva totalitaria. Como señalan los obispos en su Carta, la nueva ley apuntala un modelo de intimidación en el que la libertad de expresión se hace cada vez más difícil: se estigmatiza al que discrepa, se presentan falsos cargos de sedición contra sacerdotes y activistas, se multiplican los asesinatos relacionados con la guerra contra las drogas y se cierran medios de comunicación críticos con el Gobierno.

Los obispos aprovechan para pedir oraciones por la situación también compleja de Hong Kong. Al igual que está sucediendo en la ex colonia británica, su temor es que Filipinas se esté deslizando hacia una dictadura. Recuerdan que así fue como empezó todo en 1972, en el inicio de la dictadura de Marcos. Denuncian que bajo la apariencia de que se mantiene la democracia, el Gobierno está pisoteando los derechos fundamentales en Filipinas, y se preguntan si la Corte Suprema del país podrá resistir la presión y mantenerse como último baluarte de la Constitución.