La separación de poderes, pilar del Estado de Derecho, supone un sistema de límites, controles y equilibrios que permiten que tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial puedan cumplir debidamente sus funciones constitucionales. Impartir justicia y garantizar el cumplimiento de la ley es propio de judicial. Y eso es lo que el juez García Castellón ha hecho. Como Juez de la Audiencia Nacional, a García Castellón le ha correspondido instruir la causa del Tsunami Democràtic. Y en el desarrollo de esta causa ha imputado a Carles Puigdemont y Marta Rovira por unos hechos que podrían encajar en el delito de terrorismo.

Los defensores de una judicatura al servicio del actual poder ejecutivo no han tardado en cuestionar al juez, al mismo tiempo que cuestionan a la Guardia Civil por haber concluido el Informe antes de la investidura. Se trata de argumentos falaces, pero efectivos, en una situación en la que todo signo de independencia frente a las negociaciones PSOE-Junts es condenado de raíz.

¿En qué cabeza cabe que la instrucción de una causa penal de la que es competente la Audiencia Nacional debiera subordinarse al proceso de negociación política que busca la investidura de Pedro Sánchez? La Ley de amnistía que el Ejecutivo en funciones busca obtener del Legislativo borra el delito y la culpa de los imputados y procesados por los hechos relacionados con el llamado Procés. El deber de la judicatura es actuar conforme a la Ley vigente, no por razones de capricho personal, y garantizar que las instituciones y los ciudadanos cumplan la ley. No hay mejor garantía.