La gigantesca explosión que ha devastado Beirut viene a ser todo un paradigma del caos político y económico que vive El Líbano, desde hace años, como consecuencia de la corrupción y el clientelismo del mosaico de partidos que se reparten el poder. La existencia en el puerto civil de la capital de un almacén que, sin control alguno, contenía desde hace años cerca de tres mil toneladas de productos químicos altamente inflamables, como el nitrato de amonio, explica, por si misma, el desorden que reina en este pequeño país de 5 millones de habitantes, antaño considerado como la “Suiza del Cercano Oriente”. Desde el otoño pasado, buena parte de la población, se manifiesta en las calles contra la corrupción y en demanda de una refundación civil del Estado que ponga fin al confesionalismo, considerado mucho tiempo atrás como un ejemplo de convivencia pacífica dentro del polvorín de la región.

Agravada su crisis interna por la pandemia del Covid-19, Líbano no ha llegado a levantar cabeza desde la guerra civil, culminada con el asesinato del que fuera primer ministro Rafic Hariri, supuestamente instigado por la vecina Siria que había convertido al país en una especie de protectorado y del que se espera estos días la sentencia del tribunal que se ha ocupado del caso. Pero el drama más urgente, además del caos político y la práctica destrucción del sistema económico, es la pobreza extrema que asola a más de un tercio de la población. Hace meses que el frágil Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional un crédito supeditado a unas reformas económicas que nunca llegan por la división de las instituciones. En esta situación se produce, como una puntilla de la peor crisis que sufre Líbano en toda su historia, la devastadora explosión de Beirut, comparada ya con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, por sus efectos mortales y devastadores. Queda por ver hasta donde llega la clase política para salir del laberinto de sus intereses y reconstruir el país desde cero, como se demanda en la calle.