Hoy está prevista en Francia una nueva oleada de manifestaciones contra la reforma de las pensiones que todavía tiene que validar el Consejo Constitucional, al que han recurrido tanto el Gobierno como tres grupos de la oposición. No parece que la decisión del Consejo se produzca antes de un mes, pero Macron no está dispuesto a ceder ante la presión de la calle, que dura ya diez semanas, al considerar que la reforma es inevitable. El presidente francés no ha conseguido un acuerdo previo con los agentes sociales para una reforma necesaria y, en buena medida, razonable. Ahora lo que está en tela de juicio no solo es el retraso de la edad de jubilación en dos años, sino el procedimiento seguido por el Gobierno para aprobar la ley de reforma a través de la fórmula del decreto ley.

Para afrontar la grave crisis social producida, Macron ha dado instrucciones al Gobierno para abrir un diálogo con todos los grupos parlamentarios con el objetivo urgente de atajar las protestas en la calle. La "hoja de ruta" que se ha marcado es hablar de otros temas sensibles que exigen también reformas como el pleno empleo, la mejora de los salarios, la sanidad, la inmigración o la ecología. La incógnita por despejar es si quienes han tomado ya el gusto de la protesta violenta, están dispuestos a conformarse con este diálogo. Buena parte de la sociedad ha dejado de confiar en el Gobierno como muestran los sondeos de opinión, y el panorama que se abre es inquietante, ya que el incremento de la extrema izquierda de Melenchon, y de la extrema derecha de Le Pen, hace imposible una alternativa de gobierno.