Arooj y Aneesa eran dos jóvenes de origen paquistaní que residían en la ciudad catalana de Terrassa. Ambas fueron forzadas hace un año a contraer matrimonio con sus respectivos primos. Por rebelarse contra esta tradición y solicitar el divorcio, ambas han sido asesinadas. La noticia es espeluznante. Y lo es por el trágico e injusto final, así como por el plan que sus hermanos, residentes en el Punjab paquistaní, urdieron contra ellas.

Los hermanos de las dos asesinadas obligaron a su madre a regresar a Paquistán, la retuvieron incomunicada, forzaron un viaje de sus hijas desde España, torturaron a sus hermanas por no ratificar su matrimonio y las asesinaron de sendos disparos mientras eran asfixiadas. En el asesinato colaboraron, además, los maridos y suegros de las dos mujeres. Y todo, en presencia de su madre.

La cifra de matrimonios forzosos que se producen en España se ha incrementado en un 60% en los últimos 7 años. Se trata, sin ninguna duda, de un problema grave que se suma a otras prácticas lesivas contra los derechos más elementales de niñas y mujeres. No hay tradición cultural o religiosa que pueda justificar un atentado contra la dignidad humana. Y no solo eso. En un país democrático como España no pueden consentirse prácticas de esta naturaleza. Proteger a las niñas y a las mujeres que corren el riesgo de verse forzadas a casarse es un deber de las autoridades. Por sí solas no pueden escapar de una perversa tradición que las condena a perder a sus familias y las obliga a vivir solas y aisladas.