En un mundo marcado por lo efímero, la Monarquía parlamentaria puede parecer anacrónica. Y, sin embargo, una mirada atenta y sosegada a su naturaleza más profunda aporta a las sociedades europeas, en las que prima el afán de cambiarlo todo, la dosis de continuidad política necesaria para evitar el vacío.

Monarquía y Constitución son los dos pilares maestros del orden político español. Ese fue el pacto de lealtad entre el Rey Juan Carlos I y el pueblo español que quedó plasmado en una Constitución social, democrática y de derecho. Eso es lo que ayer, ante las Cortes generales, juró la Princesa de Asturias. Y de este modo renovó el pacto que la Corona hizo en 1976 con todos los españoles, también con quienes no eran o no se sentían monárquicos.

La Corona ha sido neutral y respetuosa con el pluralismo y los derechos de todos los españoles. Es innegable que ha contribuido a afianzar el sistema democrático y se ha consolidado e incorporado a la vida de los españoles como una Monarquía popular y moderna. El Rey Felipe VI recibió este mandato de su padre y él se lo ha legado a la Princesa de Asturias. La legitimidad dinástica sostiene esta tradición, pero esta solo se sostiene en la medida en que la Monarquía española, como el resto de las Monarquías constitucionales vigentes en Europa, gozan de legitimidad democrática y popular.

Consciente de sus deberes, la Princesa de Asturias asume una responsabilidad histórica de la que han sido testigos los presentes. A ellos corresponde, también, ser leales con la Corona y con el pueblo español.