El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado integralmente, con tan sólo dos votos en contra, la Ley de eutanasia que entró en vigor en junio de 2021, en un momento en el que estábamos bajo los efectos de la pandemia. Dicha ley se aprobó sin el amplio debate social que requería, sin escuchar a los expertos y sin los preceptivos informes de los organismos del Estado. El aval del TC a esta norma es relevante desde el punto de vista jurídico, y por eso es una mala noticia para una sociedad que debería poner en el centro la salvaguarda de toda vida humana, como la propia Constitución señala. Es el momento de recordar, una vez más, que no todo lo legal es ético ni corresponde a la verdad.

Entretanto, la mayor parte de los médicos españoles cuestionan esta norma. La Comisión de Deontología de la Organización Médica Colegial ha pedido en estos días otro marco normativo y, sobre todo, una Ley del final de la vida. No se debe confundir la eutanasia con la dignidad del momento final de la vida. La decisión del Alto Tribunal subraya más aún el valor de que más de 9.000 los médicos españoles se hayan apuntado al registro de objetores de conciencia, teniendo en cuenta que muchos sanitarios no quieren registrarse, al temer posibles represalias en su carrera profesional. En los ámbitos de la profesión médica se insiste en que no era necesaria una ley de eutanasia, y en que es clamorosa la falta de recursos para los cuidados paliativos. Una puerta abierta a regular adecuadamente lo referido al final de la vida es el desarrollo de determinadas normas en el marco autonómico, que inciden precisamente en los cuidados paliativos y en la asistencia integral a los enfermos.