La situación climatológica y los efectos de la nevada han disparado el consumo de energía eléctrica en los hogares un treinta por ciento, lo que produce importantes oscilaciones en el precio de la electricidad dentro del mercado mayorista. El aumento del consumo de electricidad repercutirá de forma significativa en el bolsillo de los ciudadanos. Un dato asumido por los diversos estudios es que el recibo de la luz se ha incrementado, en los últimos quince años, un 92 por ciento. Además, España es el quinto país de la Unión Europea con el precio más alto de la electricidad para los hogares.

La complejidad de los factores que intervienen tanto en la oferta como en la demanda no debe hacernos olvidar que la electricidad es un bien básico y necesario sobre el que los políticos deben tener una especial vigilancia por su impacto en la economía familiar, en los sectores más vulnerables y en la cuenta de resultados de las pequeñas y medianas empresas. Los problemas estructurales del mercado eléctrico no deben convertirse en justificación para que no se desarrolle un modelo que tenga en cuenta tanto los costes de su producción, la reducción de impuestos en la factura de la luz, como el efecto en las economías de los ciudadanos. Esa política no tiene nada que ver con las propuestas demagógicas y populistas de Unidas Podemos de acabar con la oferta privada y poner la electricidad en manos de una sola empresa que pertenezca al Estado. Es necesaria también una sensibilidad social que tenga en cuenta la educación en el consumo responsable de la electricidad por parte de todos.