La Conferencia Episcopal y el Gobierno han llegado a un acuerdo por el cual la Iglesia renuncia a las exenciones que afectan a las Contribuciones Especiales y al Impuesto sobre Construcciones y Obras, llamado por sus siglas, ICIO. Este acuerdo, que implica una modificación en los Acuerdos entre la Santa Sede y Reino de España, expresa la voluntad de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia con el resto de las entidades religiosas presentes en España, así como con las entidades sin ánimo de lucro.

Después de un largo proceso de negociación que ha durado meses, la Iglesia tendrá el mismo régimen fiscal que cualquier fundación, asociación de interés público, federación deportiva, o que el resto de las confesiones religiosas. Ya en 2006 la Iglesia aceptó renunciar a la exención del IVA establecida en los Acuerdos con el horizonte de no tener privilegios ni sufrir discriminación, en un clima de efectiva libertad religiosa.

Por su parte, el Gobierno se compromete a respetar el principio de equiparación previsto por la ley, y a no añadir exigencias normativas posteriores, tanto en el régimen fiscal como en sistema de acceso establecido para las confesiones religiosas. Es este un camino de trasparencia de la Iglesia respecto a su ubicación en una sociedad plural y democrática. Este acuerdo no admite lecturas políticas, ni se trata de una victoria de una de las partes, sino que con él la Iglesia apuntala su servicio a la sociedad en lo específico de su misión.