La pandemia ha dejado al descubierto las deficiencias de las residencias de mayores en España y en Europa. El diagnóstico venía de atrás, pero la crisis sanitaria ha sido el detonante para forzar una revisión a fondo del modelo. La Comisión Europea acaba de presentar la Estrategia Europea de Cuidados, un documento que, entre otras cosas, demanda una puesta al día de la cantidad y calidad de los recursos para hacer frente al envejecimiento de la población, en línea con lo que desde hace tiempo reclama insistentemente el sector.

Especialmente en lo que afecta a las residencias, sobran polémicas politizadas y de brocha gorda, en función del color del gobierno de cada Comunidad Autónoma. Uno de los tópicos es la oposición entre lo público y lo privado, obviando que, en materia de mayores y dependencia, es el sector social, incluido el de inspiración católica, el que lidera en gran medida las innovaciones. Si, en décadas pasadas, el reto en Europa era dar respuesta a las necesidades vinculadas con la dependencia, hoy se ve claramente que esto no basta. Desde esa perspectiva se enfocan las estrategias que buscan trasladar los cuidados de larga duración al ámbito de la comunidad y, en todo caso, romper con esa despersonalización que regula prácticamente todas las facetas de la vida de las personas y las impide tomar decisiones por sí mismas o llevar una vida activa y plena. Algunos de esos cambios exigen inversiones. Otros, simplemente, una mínima voluntad de cambiar las cosas.