Cada vez que toca resolver algún problema relacionado con las migraciones o la pobreza, el Gobierno encuentra siempre en la Iglesia a un aliado dispuesto a arrimar el hombro y a trabajar junto a todo tipo de actores sociales al servicio del bien común. Ese mismo Gobierno, sin embargo, impulsa una agenda legislativa de profunda carga moral y antropológica que provoca fractura y excluye a amplios sectores sociales. Así lo ha lamentado esta semana Luis Arguello, secretario general y portavoz de los obispos, que ha lamentado la dificultad para dialogar con el Ejecutivo en esos campos.

No aludía a sospechas más o menos fundadas, sino a afirmaciones sustentadas en declaraciones de intenciones por parte de quienes ejercen hoy en el PSOE las máximas responsabilidades de gobierno, enarbolando una trasnochada concepción del laicismo ya superada en las principales democracias occidentales, lo cual representa una anomalía democrática. Nadie discute al PSOE o a cualquier otro partido su derecho a proponer una determinada visión del ser humano y de la sociedad, pero cuando esas propuestas se plantean con la voluntad de excluir a amplios sectores de la sociedad, queda retratada una actitud preocupantemente sectaria, incompatible con un partido de gobierno, que se vanagloria de ser el que mejor representa la diversidad de la sociedad española pero que una y otra vez tropieza en la misma piedra del laicismo.