El Gobierno de Pedro Sánchez ya cuenta con el apoyo parlamentario que necesitaba para la aprobación de los Presupuestos del Estado de 2023. Para él es todo un éxito, ya que tuvo que prorrogar, hasta en dos ocasiones, los presupuestos del Gobierno Rajoy.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado recoge la previsión anual de ingresos y gastos del Sector Público. Es, por tanto, la Ley que enmarca la política de un gobierno. Sánchez ha conseguido que una norma de esta envergadura sea apoyada sin fisuras por Bildu y el PDCat, a quienes ha concedido transferencias económicas y competenciales nada desdeñables.

Supuestos los votos de los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno, la alianza con los abertzales y los independentistas, aparentemente menos recalcitrantes, permitirá a Sánchez alcanzar la estabilidad deseada.

Dado que niega el pan y la sal al primer partido de la oposición, Sánchez opta por garantizarse apoyos a base de premiar los intereses particulares de fuerzas políticas enemigas del orden constitucional y de la unidad de España. El suyo es un gobierno de cuotas en el que él se erige como el primer y principal conseguidor.

Si las previsiones no fallan, los socios de la mayoría Frankenstein habrán satisfecho sus intereses particulares, lo que debe preocupar al conjunto de los españoles, por su parte, el presidente Sánchez seguirá en su puesto, y la idea del bien común seguirá desdibujándose, más y más, en la política española.