La negativa de Quim Torra a retirar los lazos amarillos y pancartas separatistas colocadas en edificios públicos, parece la aplicación práctica del peculiar “manual de resistencia” a la ley que la Generalitat viene aplicando desde hace años. Todo consiste en mantener su desafío a las instituciones del Estado, desde el Tribunal Constitucional y el Supremo a la Junta Electoral Central. Cuanto más tarden esas instituciones en responder al desafío, más tiempo gana Torra en su permanente campaña. No importa que, al final, se vea obligado a ceder, pero siempre tras una demostración de fuerza de lo que Torra denomina “democracia”, en patética oposición al Estado de Derecho.

En este caso la maniobra de Torra consiste en recurrir al Sindic o Defensor del Pueblo catalán, para que emita un informe que, dentro de unos días, dará la razón previsiblemente a la Junta Electoral Central. De esta manera, dará la impresión de que él tan solo obedece a las instituciones catalanas y no al Estado español, aunque está por ver hasta donde pude llegar su desafío sin caer en un delito de desobediencia, que le llevaría a la inhabilitación para cargo público. Mientras, el Gobierno de Sánchez se pone de perfil porque atisba la necesidad  de que el independentismo le apoye para seguir en el poder, si los números cuadran. También Sánchez sigue atrincherado en su propio Manuel de Resistencia.