El discurso que pronunció ayer la presidenta del Congreso, Francina Armengol, con motivo del 45 aniversario de la Constitución Española, es sintomático respecto a la voluntad de Pedro Sánchez de acelerar el proceso de mutación constitucional que va a acompañar esta legislatura. Ante la imposibilidad de una reforma de la Constitución, por la exigencia de mayorías cualificadas, el gobierno ha abierto otra vía, la de la interpretación creativa de la Carta Magna para hacer que la ley fundamental acoja determinadas actuaciones como la de la Amnistía o el referéndum de autodeterminación de Cataluña.

Ayer mismo, la presidenta del Congreso se refirió, casi al final de su discurso, al título octavo que habla de la cuestión territorial. Según Armengol, la Carta Magna “deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones”. Una frase eufemística que ha sido interpretada como la pista para que se inicie un proceso conducente a que se cumpla el acuerdo entre el PSOE y Junts en lo referido a un referéndum pactado en Cataluña. Este pretendido proceso de mutación constitucional genera inseguridad jurídica y somete a la Carta Magna a la arbitariedad y a la discreccionalidad de la voluntad política de unos pocos, al margen del consenso exigido por la propia norma. Este proceso debilita principios básicos de nuestro ordenamiento, como el de la igualdad de todos y la solidaridad entre las regiones de España. Sentenciar la Constitución por la vía de los hechos consumados representa una traición al texto marco que regula la convivencia entre los españoles.