Lo que han hecho los magistrados del Supremo con el impuesto de las hipotecas va a aumentar la desconfianza de los españoles en la Justicia. Según las estadísticas europeas, España es el sexto país en cuanto a confianza en los tribunales. Cuatro de cada diez españoles piensan que los jueces están condicionados por los políticos, y algo más de tres, que están condicionados por motivos económicos. El desprestigio del Tribunal Supremo llega en un momento crucial: dentro de unas semanas se va a celebrar el juicio por el intento de secesión de Cataluña.

La opinión pública ha asistido a un espectáculo que es difícil de explicar. El presidente de la Sala de lo Contencioso administrativo ha convocado un pleno para el 5 de noviembre. En ese pleno se revisarán los posibles los efectos de la sentencia, en la que una de las secciones del Tribunal establecía ya que el impuesto lo tiene que pagar la banca y no los que compran el piso. No es normal que un pleno corrija lo sentenciado por una sección. El conflicto y el caos que se ha causado, se habría evitado si el pleno se hubiese convocado antes de que apareciera la sentencia. Ahora queda la sospecha de que el personalismo y ciertas formas de politización han sido determinantes. La cúpula judicial no puede dar este espectáculo.