Dos horas empleó Pedro Sánchez en el primer debate de la investidura para desgranar su programa de su gobierno “progresista, feminista y ecologista”. Pero ya se ha visto que no fueron suficientes para convencer a Podemos, su socio preferente porque, como es sabido, lo que quería Pablo Iglesias era asumir funciones ejecutivas y quedarse con buena parte del presupuesto. Una vez fracasada su investidura, Sánchez se ha inventado una nueva fórmula para atraerse el apoyo de Podemos: la elaboración de otro programa en colaboración con los llamados “agentes sociales” que, en cierto modo, van a suplantar a los legítimos representantes elegidos en las urnas. La iniciativa de Sánchez es, en realidad, una trampa en toda regla a la formación de Pablo Iglesias, a la que pone en la disyuntiva de apoyar un gobierno monocolor socialista, según el modelo de Portugal y Dinamarca, o afrontar las consecuencias de una nueva investidura fallida que acararía la convocatoria de nuevas elecciones.

Es evidente que, en la trastienda de esta estrategia, lo que pretende Sánchez es llenarse de razones para afrontar en otoño una eventual consulta electoral, en la seguridad de que el electorado de izquierdas castigaría a Podemos en caso de rechazar la última oportunidad de apoyar el gobierno que Sánchez pretende. Se da la circunstancia añadida de que la mayoría de los votantes socialistas y comunistas se muestran contrarios a una nuevas elecciones, a pesar de las encuestas del CIS, tan favorables al PSOE. Lo que no ha pasado por la imaginación de Sánchez es la posibilidad de concertar su programa de gobierno con las fuerzas políticas de centro-derecha que podrían aportar una visión de lo que es posible y realista, alejada de las fantasías de un temerario progresismo ideológico