La Constitución Española, en su artículo 66, otorga al Senado las tres funciones propias de todo parlamento: potestad legislativa, aprobación de los presupuestos del Estado y control del Gobierno. Se equivoca el ministro Bolaños al acusar a los senadores del PP de querer instrumentalizar la Cámara Alta en la tramitación de la Ley de Amnistía. Conforme a las funciones propias del Senado, la mayoría del PP ha resuelto usar las herramientas a su alcance para presentar un conflicto de competencias por entender que la Ley de Amnistía es una reforma encubierta de la Constitución Española. Este procedimiento supone instar al Congreso para que retire la Ley, y si en el plazo de un mes no se responde al requerimiento, la Ley se llevará ante el Constitucional. No se trata, sin más, de dilatar la aprobación de la Ley, sino de cumplir con un deber constitucional ante una norma discutida y discutible que afecta a principios constitucionales clave.

Así lo sostienen públicamente instancias y organismos como los letrados del Senado, la Comisión de Venecia, la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Abogados del Estado y la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Sus voces autorizadas no deberían ser despreciadas. Si la Ley llega al Constitucional, algo que el Gobierno quiere evitar que suceda antes de su aprobación definitiva, no se sabe qué pasará. Pero mientras eso suceda el Grupo Popular en el Senado tiene el derecho y el deber de usar las herramientas constitucionales que están en su mano para ejercer su legítimo derecho a oponerse a una ley que consideran injusta e inconstitucional.