“Para arrojar luz” es el título del informe que acaba de presentar la Conferencia Episcopal, en el que se recogen los casos de abusos documentados por las diócesis hasta ahora desde 1945, a la vez que informa de todas las actuaciones llevadas a cabo para prevenir esta lacra. El episcopado español ha dado máxima prioridad a este asunto en los últimos años, sin miedo a pedir perdón públicamente cuantas veces fuera necesario, y decidido también a extraer los aprendizajes oportunos para llevar a cabo reformas como las aprobadas en la última asamblea plenaria de los obispos.

Así lo resaltó el secretario general, monseñor García Magán, sin ahorrar un ápice de dramatismo al referirse a las heridas que arrastran las víctimas atendidas. No es la primera vez ni será la última en que la Iglesia expone a la luz la información disponible.

El documento admite también que uno de los impulsos ha sido la información demandada por el Defensor del Pueblo. Se trata de un hecho paradójico, al haber criticado los obispos que el Defensor iniciara una investigación sobre la que no tiene competencias y señalara de modo específico a la Iglesia, a pesar de la evidencia de que este es, de lejos, uno de los ámbitos más seguros. La colaboración, pese a todo, se considera fructífera, como cualquier otra iniciativa que contribuya a arrojar luz sobre esta problemática y genere mayor sensibilización. Como gráficamente argumentó un portavoz, “no es bueno que haya más casos, pero sí que más casos se conozcan”. Esa es la dinámica en la que trabaja la Iglesia, sin perder de vista que la prioridad es y debe ser siempre la atención a las víctimas.