Pedro Sánchez ha planteado las elecciones europeas del próximo domingo como un plebiscito sobre el caso de su mujer, Begoña Gómez. La jaleada presencia Begoña Gómez en el mitin de Benalmádena junto a su marido, después de la segunda carta a la ciudadanía de Sánchez, refleja este planteamiento: votadnos porque estamos siendo injustamente atacados por los medios, por la oposición y por los jueces. Sánchez no debería adelantarse a lo que dicte la justicia buscando una absolución popular para su pareja. Eso no es propio de gobernantes democráticos sino de líderes populistas, que además suelen atribuir intencionalidades políticas a las decisiones judiciales. Ni los militantes socialistas, ni los votantes de ese partido, son los que deciden si Begoña Gómez ha traspasado los límites de lo legal y ha incurrido en prácticas corruptas.

Pedro Sánchez debe comparecer de una vez por todas ante el Congreso y ante los medios de comunicación para aclarar todo lo referido a las prácticas profesionales de su mujer. La esposa del presidente no es ninguna institución del Estado. No es ético que Pedro Sánchez esté convirtiendo la situación procesal de su mujer en un conflicto institucional para obtener rédito electoral de este proceso. Los españoles somos iguales ante la ley, se llamen cómo se llamen y vivan donde vivan. Principio que parece no regir en el caso de Begoña Gómez que, además, cuenta con la incomprensible ayuda de la portavoz del Gobierno, como se puede comprobar en las últimas ruedas de prensa en La Moncloa.