Al Gobierno de Pedro Sánchez se le acumulan los problemas con el reparto de fondos del Plan de Recuperación que presentó en Bruselas. Por un lado, las empresas se quejan del atasco burocrático que está generando un importante retraso en la recepción. En este momento el desembolso solo alcanza al 20% de los destinatarios. Por otro, la distribución se está convirtiendo en un síntoma de la incompetencia del Gobierno a la hora de gestionar un dinero destinado a la reconstrucción del tejido económico y empresarial. Con una notable falta de trasparencia y un desacierto en la política informativa a la hora de explicar cuáles son los criterios que se utilizan, la sospecha más evidente es que el dinero de Europa está sirviendo para hacer políticas clientelistas y no para subsanar las deficiencias de la estructura productiva.

Ante esta situación es lógico que algunas Comunidades Autónomas busquen el amparo de las instituciones europeas ante la opaca distribución de los fondos. No es cierto, como dice el Gobierno, que esas iniciativas pongan en riesgo las ayudas y supongan una deslealtad. La falta de transparencia, de control y de rigor técnico, son las peores acreditaciones para gestionar un dinero que debería suponer una oportunidad histórica para nuestro país.

La oposición cumple con su deber al solicitar la comparecencia urgente de los ministros en el Congreso de los Diputados para explicar los mecanismos de control y el destino de unos fondos claves para la recuperación y transformación de nuestra economía.