La Justicia lenta no es justicia. La afirmación, más allá de haberse convertido en una especie de eslogan, es de enorme relevancia. Es preciso recordar que el derecho a la tutela judicial efectiva está consagrado en el artículo 24 de la Constitución española que implica el derecho de todos los españoles a una resolución judicial motivada y emanada de un órgano imparcial, así como a un proceso público, garantizado y sin dilaciones. Los dieciséis años que Francisco Camps, ex presidente de la Generalidad valenciana, ha esperado para conseguir una resolución judicial motivada exceden, con mucho, lo que se considera un proceso sin dilaciones.

Hoy ha sido Camps, pero ayer fueron otros políticos o personas públicas las que han tenido que sufrir las consecuencias de una administración de justicia cuya lentitud causa estragos difíciles de reparar. Súmese a esto que en España abundan los juicios paralelos y que la politización indebida de las causas judicial es escandalosa. ¿Quién repara los daños causados? Ningún medio de comunicación, ni fuerza política, ni instancia social entonan el mea culpa cuando se publican las sentencias exculpatorias. Bastaría con que la profesionalidad y el respeto al trabajo de la Justicia sirvieran para evitar procesos públicos que más tienen que ver con la venganza o con la muerte civil del adversario político, que con un sistema garantista y democrático de administración de la Justicia. Francisco Camps tiene derecho a un resarcimiento en su dignidad e integridad. Alguien podría dar el primer paso y contribuir así a mejorar la convivencia.