El Gobierno de Pedro Sánchez quiere tener aprobada antes del verano la llamada Ley Celaá, la octava reforma educativa en 40 años. La buena noticia es que el Ejecutivo sitúe la educación entre sus máximas prioridades. La mala, que intente imponer una ley de corte ideológico y sin consenso que acabe derogando la próxima mayoría parlamentaria. No parece muy apropiada la estrategia de buscar la confrontación social y política cuando existe además un amplio espacio de acuerdo sobre el que se estaba construyendo el Pacto Educativo, hasta que el PSOE decidió dinamitarlo en marzo de 2018.

Combatir el fracaso y el acoso escolar, modernizar el sistema de Formación Profesional o extender la gratuidad de la educación a la etapa de cero a tres años son objetivos muy importantes que requieren unas mínimas garantías de estabilidad. Y para ello resulta imprescindible la participación de toda la comunidad educativa, no solamente de una parte. Declaraciones amenazantes como las que se han escuchado en las últimas semanas contra la red de escuelas concertadas, o contra las familias que libremente escogen la asignatura de Religión, no son precisamente un buen augurio. Esperemos que a la hora de redactar la nueva ley, termine imponiéndose el sentido común. La pregunta a la que debe responder el gobierno socialista es muy sencilla: ¿quiere sumar amplios apoyos para aprobar la ley educativa que realmente necesita España, o prefiere competir en radicalismo con sus socios y aliados para terminar aprobando una reforma que nacerá ya con los días contados?