Es difícil explicar por qué los socialistas de Francina Armengoll, Podemos y los nacionalistas de Mes, están empeñados en no dar explicaciones sobre el escándalo de las menores tuteladas en varios centros que dependen de los consells insulares de Mallorca y Menorca que han sido inducidas a la prostitución. A la responsabilidad que tiene la Administración regional en la tutela efectiva de esas jóvenes se suma la incoherencia de un Gobierno al que se le llena la boca con la protección de los menores y de las mujeres, que abandera la lucha contra la explotación sexual y después mira para otro lado en un caso que ya afecta a dieciséis personas, tal como ha reconocido el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales.

Lo ocurrido ayer en el parlamento balear con la negativa del tripartito de izquierdas a la creación de una comisión de investigación para que se aclaren y depuren las responsabilidades, es lo contrario de una política eficaz contra la explotación sexual. Es necesario que se investigue este caso hasta el final y se esclarezca lo que ha ocurrido con esas niñas explotadas, para depurar las responsabilidades de quienes no han cumplido con su trabajo de proteger a las menores. Pero hay también una responsabilidad política que debe ser depurada. El silencio del gobierno de Baleares no hace más que levantar sospechas sobre un asunto que asquea, pero también ha sido llamativa la reacción del vicepresidente Iglesias al ser interpelado sobre el asunto. Su actitud elusiva y faltona hacia la oposición sorprende en quien se supone que encarna la quintaesencia de las políticas sociales del gobierno de Sánchez.