El nuevo toque de atención de la Unión Europea al Gobierno español sobre las reformas que afectan al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional pone de manifiesto el peligro que supondría someter la Justicia al poder ejecutivo. No ha sido necesario recurrir expresamente a la Comisión Europea para que el máximo órgano de la Unión recuerde alarmado cuáles son los parámetros a los que debe ajustarse todo Gobierno a la hora de reformas leyes fundamentales que afectan directamente a la democracia. La Comisión, que ya se había pronunciado en tres ocasiones en los mismos términos, ha dado la razón al Tribunal Constitucional español por su sentencia contraria a la tramitación de la reforma del Código Penal por no contar con las consultas preceptivas a los órganos afectados.

Aunque el propio Sánchez haya acatado la decisión, no ha dejado de criticarlo y de atacar al Partido Popular por haber frustrado su proyecto, de momento, al menos en lo que a los plazos se refiere. Sánchez prepara ya un nuevo plan de reformas de urgencia para renovar los órganos constitucionales, pero debería tener muy en cuenta que no podrá hacerlo sin consultar antes a esos mismos órganos. Habrá que estar muy atentos a los nuevos pasos que se propone dar, sometido como está a los votos de los independentistas catalanes que ya lo han puesto en guardia.