El escándalo Pegasus ha alterado los planes más inmediatos del Gobierno Sánchez. Hoy, Pedro Sánchez ha anunciado en el Congreso que reformará la Ley de Secretos Oficiales, así como la normativa reguladora del CNI. Lejos de asumir cualquier responsabilidad en lo sucedido, y sin dar explicaciones por las decisiones adoptadas, incluido el cese de la directora del CNI, Sánchez se ha reivindicado como un gobernante puro que nada tiene que ver con lo sucedido. Al presidente le interesa quedar bien con sus socios y seguir ofreciéndoles prebendas, Mesa de Diálogo incluida, con el único fin de no terminar sus días en una moción de censura. Incapaz de afrontar la gravedad de los hechos y abordar una cuestión como el espionaje con la madurez y la seriedad propia de quien preside el Ejecutivo español, Sánchez pretende distraer la atención con sus habilidades de malabarista.

La reforma de la normativa en materia de información clasificada es un asunto de extrema gravedad que afecta a la seguridad de todos los españoles. Puede ser oportuno reformar una legislación que data de 1968, pero el camino para establecer el marco idóneo que regule la relación entre seguridad, transparencia, información clasificada y derecho a la información, no puede estar marcado por los que pretenden derribar nuestro Estado de Derecho.

En un mundo en el que las amenazas del crimen internacional y del terrorismo global no pueden ser combatidas aisladamente, el Estado tiene derecho a disponer de instrumentos adecuados y los españoles a contar con legisladores leales al orden constitucional.