La torpe explicación del ministro Grande Marlaska sobre el cese fulminante del coronel Pérez de los Cobos no puede engañar a nadie. Lo que es evidente es que el Gobierno sigue con inquietud la instrucción del sumario abierto, en el que ya ha sido imputado por prevaricación el Delegado del Gobierno en Madrid, por haber autorizado la manifestación feminista del 8 de marzo a sabiendas de los riesgos que se corrían. Desde el día siguiente a aquellas masivas concentraciones el Gobierno se ha defendido escudándose en supuestos informes científicos, cuando ya existían otros de las autoridades sanitarias en sentido contrario.

Hay fundadas sospechas, que habrá que aquilatar en sede judicial, de que aquéllas manifestaciones pudieron favorecer la rápida expansión del coronavirus. La primera diligencia de la jueza Carmen Rodríguez Medel ha sido pedir a la Policía judicial, en este caso la Guardia Civil, un informe, incorporado al secreto del sumario, sobre las secuencias previas a las manifestaciones, y si el Gobierno disponía de información suficiente para prohibirlas.

Ese informe ha provocado inquietud en el Ejecutivo y la negativa del coronel Perez de los Cobos a entregarlo, ateniéndose a la ley, ha provocado su cese y la posterior dimisión del Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil. Todavía estamos en los comienzos de una instrucción judicial que parece una bomba de relojería. El Gobierno de Sánchez no debería olvidar que nadie está por encima de la ley en un Estado de Derecho.