Los indultos a los condenados por sedición solo han sido el comienzo de una escalada de exigencias que para los líderes independentistas se resumen en la reanudación del proceso de autodeterminación. Para allanar el camino, Sánchez parece dispuesto a forzar la anulación del expediente del Tribunal de Cuentas sobre los gastos ilegales que acarreó ese proceso, calculados en cerca de cinco millones y medio de euros sustraídos de las cuentas públicas. El encuentro de ayer en La Moncloa entre Sánchez y Aragonés tenía por objeto, precisamente, fijar el calendario de la escalada en la llamada "mesa de diálogo". Ahí van a entrar de lleno todas las reclamaciones que fueron expuestas en los famosos 23 puntos que hace ya siete años planteó a modo de ultimátum al Gobierno español el entonces presidente catalán Artur Mas y que fueron rechazados por Mariano Rajoy.

Esas exigencias plantean una ampliación del autogobierno de Cataluña en la gestión de los impuestos, la cultura, la educación y las infraestructuras, además de un mayor margen de déficit y, en consecuencia, una mayor aportación económica del Estado. Es posible que la contrapartida por parte de los independentistas sea mantener una especie de tregua verbal y callejera para que Sánchez pueda llegar al final de su mandato como artífice de la "pacificación", una quimera que se desvelará con toda su crudeza en la siguiente legislatura, donde se pueden sumar las reclamaciones que ya plantea el PNV. De momento se trata de quitar "piedras" en ese camino con la anulación de las multas fijadas por el Tribual de Cuentas. Los próximos pasos, a partir de septiembre.