Lanzado ya en busca de un segundo mandato, Donald Trump ha emprendido una nueva fase en su política de inmigración con el anuncio de redadas para expulsar a miles de inmigrantes en situación irregular. Trump llegó a la Casa Blanca con promesas sobre la expulsión de los inmigrantes ilegales y la construcción de un nuevo muro en la frontera con México, que sigue aún a la espera de fondos para llevarlo a cabo. Lo que ahora busca es mantener vivas aquéllas promesas para movilizar al sector más duro de su electorado, aunque la medida no tenga eficacia e incluso pueda violar, en algunos casos, las leyes aún vigentes. Una de ellas estipula que los menores no acompañados no pueden ser detenidos por la policía de fronteras más de 72 horas y que pasado este plazo deben ser entregados a sus familias o ser recluidos en centros del Departamento de Sanidad.

Sucede que estos centros se han convertido en auténticos campos de concentración donde no se aplican ni las más elementales medidas de higiene. Mientras tanto, demócratas y republicanos no consiguen ponerse de encuerdo sobre la política migratoria que requiere un gran acuerdo nacional. Ni siquiera se ha intentado la discusión de una reforma destinada a normalizar la situación de personas profesionalmente formadas que pueda incorporarse a la vida laboral, tal y como ocurre en Canadá. De momento Trump solo actúa de acuerdo con sus propias reglas basadas en un demagógico rechazo al inmigrante como si fuese un enemigo del país. La Iglesia en EEUU no cesa de clamar por el derecho de los emigrantes a ser tratados como personas, ha abierto sus templos para acoger a cuantos necesiten ayuda, aunque es consciente de que el drama migratorio exige medidas concretas para afrontar con realismo y humanidad la situación de los inmigrantes, que no deberían ser tratados como mercancía ideológica.