El Gobierno ha aprobado este viernes el Ingreso Mínimo Vital, una renta mínima para los hogares más pobres. Es una medida oportuna para responder a los efectos del COVID, no corre el peligro de provocar una actitud pasiva y contraproducente en sus perceptores. Pero no es una fórmula nueva y no supone una solución definitiva para los dos millones de personas que viven en nuestro país en situación pobreza extrema, ni para los más de seis millones que están al borde la exclusión social.

El Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Ejecutivo garantiza una renta de entre 462 y 1.015 euros al mes. Desde hace treinta años las Comunidades Autónomas vienen utilizando fórmulas de este tipo con bastante desigualdad: en las regiones más ricas, como el País Vasco, la ayuda llega a los 400 euros, en las más pobres a 200 euros. Es necesario que estas políticas estén coordinadas para que la asistencia social sea efectiva.

En este momento el Ingreso Mínimo Vital está justificado por razones personales y macroeconómicas. Muchos en España, tras la crisis del COVID, se van a ver obligados a vivir en condiciones inhumanas. El importe, difícilmente supondrá un aliciente para excluirse voluntariamente del mercado de trabajo. La economía, por otra parte, necesita una intervención estatal que incentive el consumo. Las políticas sociales, en cualquier caso, deben impulsar la inclusión, que fundamentalmente se logra con un trabajo digno.