Ya tenemos la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Procés. Es sin duda una de las sentencias más relevantes de nuestra democracia, porque permite alcanzar un punto esencial para reconstruir la objetividad, después de dos años de interpretaciones varias sobre lo sucedido.

El Estado de Derecho funciona cuando el Tribunal Supremo, con todas las garantías, y en este caso, con toda la precisión y con una excelente literatura jurídica determina el tipo penal y establece las condenas. A algunos pueden parecerles escasas, a otros demasiado duras, pero no se puede invocar permanentemente el Estado de Derecho y luego descalificarlo porque no se adapta a criterios personales.

Puede provocar perplejidad que los jueces del Supremo, apreciando el uso de violencia, no estimen que se produjese una “rebelión”. Los responsables del Procés querían atacar al orden constitucional. Pero como explican detalladamente los jueces no basta el ataque al bien jurídico de la Constitución, ni tampoco que se produjera violencia. Tiene que haber una conexión instrumental ente una cosa y la otra. Y según los jueces no la hubo, y no hubo tampoco riesgo real de ruptura de la integridad.

En los próximos días tendremos tiempo de apreciar muchos de los aspectos de una sentencia muy rica, pero ya destaca la sólida argumentación que pone en evidencia la inexistencia del “derecho a la secesión” o del llamado “derecho a decidir”.