El Secretario General y portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha mostrado la contradicción que supone despenalizar los piquetes informativos, mientras se quiere penalizar a quienes informan a madres que van a abortar. Todos tenemos en la cabeza las imágenes habituales de los llamados “piquetes informativos” tratando de impedir el derecho al trabajo en una jornada de huelga, a veces con formas violentas y profundamente antidemocráticas.

Por otro lado, los grupos que, de forma pacífica, se dan cita en la puerta de las clínicas abortistas, lo hacen para rezar e informar a las mujeres acerca de lo que supone realmente el aborto, una información valiosa que habitualmente nadie les proporciona. Es el caso, por ejemplo, del grupo “Rescatadores Juan Pablo II” que en sus 9 años de existencia ha salvado en España la vida de 5300 bebés y han cambiado para bien la vida de muchas madres y padres.

La cantidad de rostros y de vidas transformadas, una vez que han tenido a su hijo en brazos, es impresionante y es ejemplo de la fuerza que tiene el esplendor de la verdad. Es toda una lucha pacífica que trata de abatir el mal con el bien. No se entiende, o se entiende demasiado bien, que se trate de criminalizar esta actividad. Como ha subrayado Monseñor Argüello, cuando se usa el derecho penal a favor o en contra de personas concretas o con criterios de intercambio partidista, algo preocupante ocurre en nuestra democracia.