El caso del escandaloso préstamo del gobierno a la Aerolínea Plus Ultra vuelve a la actualidad con la decisión del juzgado de Instrucción número 15 de Madrid de paralizar cautelarmente el segundo pago. La juez ha aplicado esta medida ante el riesgo de menoscabo patrimonial en una investigación ante indicios de delitos como prevaricación, malversación de fondos y fraude en las subvenciones. La cantidad que se iba a abonar ahora ascendía a 34 millones de euros. En un primer momento se habían entregado 19 millones de euros. Un dato importante es que el Ministerio Fiscal ha apoyado la decisión de suspender cauterlarmente el pago a una aerolínea que, siendo española, tiene importantes relaciones con el régimen de Maduro.

Esta decisión judicial supone un fuerte golpe a la credibilidad y a la imagen del gobierno de Sánchez, que aún no ha dado ninguna explicación convincente sobre un asunto en el que están implicados varios de los ministros del anterior gabinete. La propia vicepresidenta Nadia Calviño dijo en su día que se trataba de una “compañía estratégica”. No es la primera vez que este gobierno sufre un duro revés en los tribunales. Ocurrió con la anulación del nombramiento de Rosa María Mateos como administradora única de RTVE o con el estado de alarma. Riesgos del mal uso que Sánchez hace de su potestad ejecutiva a través de los decretos legislativos. Una práctica impropia de las democracias parlamentarias desarrolladas.