La negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC ha puesto el punto de mira en la política fiscal de la Comunidad de Madrid, ya que uno de los requisitos exigidos por el partido catalán es el fin del conocido como 'dumping fiscal de Madrid'.

Estas intenciones han provocado una auténtica revolución en la política de nuestro país, ya que, desde la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no está dispuesto a ceder frente a las intenciones gubernamentales pactadas por Sánchez con ERC.

El partido de Gabriel Rufián quiere aumentar la presión fiscal en la Comunidad de Madrid, aprovechando las necesidades de Moncloa por encontrar apoyos para poder sacar adelante las próximas cuentas públicas. Para ello, ambas partes han decidido crear una mesa de negociaciones bilateral para estudiar el caso.

El Gobierno busca la "armonización fiscal" en Madrid

La armonización fiscal, solicitada también por otras comunidades autónomas, se ejecutará a través de la reforma del sistema de financiación autonómica que se llevará a cabo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y provocará una modificación de la Ley orgánica de financiación autonómica.

A pesar de las 'prisas' de ERC por aumentar los ingresos en la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso, desde el Ministerio de Hacienda ya estaba planeada una subida de impuestos en Madrid, ya que la ministra María Jesús Montero lleva varios meses trabajando en la dirección de la armonización fiscal entre las diversas comunidades autónomas.

Si comparamos la situación entre Madrid y Cataluña, la región mediterránea es la que más impuestos propios cuenta. En el otro lado, la Comunidad de Madrid es la que menos presión fiscal aplica a sus contribuyentes. Por ejemplo, el Impuesto de Patrimonio, uno de los que está en el punto de mira de esta reforma, está exento al igual que en los municipios de Vizcaya y Álava.

¿Cuánto costará esta subida a los madrileños?

Desde la Puerta del Sol se rechaza de forma directa esta armonización fiscal que quiere aplicar el Ejecutivo de coalición de Sánchez e Iglesias. Según los expertos, esta nueva planificación económica supondría un coste a los bolsillos madrileños de más de 5.900 millones de euros. Algunos de los impuestos más afectados serían los de Patrimonio, Sucesiones, Donaciones, Actos Jurídicos Documentados, Transmisiones, Patrimoniales y parte del tramo del IRPF.

¿Qué impuestos afectarán de lleno al bolsillo de los madrileños?

El principal impuesto en el que el Gobierno quiere aplicar la armonización es en el Impuesto de Patrimonio, un tributo que desde el año 2008 se bonifica al 100% en la Comunidad de Madrid y en algunas partes del País Vasco.

Otros de los impuestos que podrían verse afectados sería el de Transmisiones Patrimoniales y el tramo autonómico del IRPF. Es decir, políticas fiscales que dependen de forma directa de los gobiernos autonómicos. Por otro lado, ERC pide que también se busque equilibrar el impuesto de sucesiones, ya que Madrid es una de las regiones que menos paga por este impuesto. Por ejemplo, si en otras provincias se quiere hacer una donación de 400.000 euros se pagarían de impuestos 100.000, frente a los 1.000 que se pagarían en Madrid.

Los expertos han explicado que estas medidas del Gobierno pueden ser inconstitucionales, ya que podrían alterar el régimen legislativo independiente que tiene cada comunidad autónoma para legislar los tipos marginales de los tributos cedidos a las competencias autonómicas.

¿Cuándo será efectiva la subida de impuestos?

Esta subida entrará en vigor en el momento que los próximos Presupuestos Generales del Estado sean aprobados. Hasta el momento, el Ejecutivo de Sánchez ha conseguido aprobar el proyecto de ley y en las próximas jornadas pasarán al Congreso de los Diputados. Tras su aprobación serán incluidos en el Boletín Oficial del Estado, que es justo el momento cuando entrarán en vigor.

En fechas, para el próximo 1 de enero de 2021 se espera que España tenga nuevos Presupuestos, dejando atrás una prórroga de más de dos años con los aprobados durante el último Gobierno de Mariano Rajoy y presentados por Cristóbal Montoro.