Tampoco habíamos vivido una situación de estado de alarma en la que por decreto nos pueden geolocalizar. No nos lo habíamos imaginado. Vivimos en un estado democrático en el que prevalecen los derechos. De forma excepcional, “la legislación sobre Protección de Datos  permite tomar medidas para tratar nuestros datos, incluso de salud, sin consentimiento,  por razones de interés público, como puede ser el objetivo de la lucha contra la pandemia del coronavirus”, explica a COPE José Luis Piñar, delegado de Protección de Datos del Consejo General de la Abogacía (CGAE) y ex director general de la Agencia de Protección de Datos.

 Pero lo que no se puede hacer es suspender el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de datos, sea cual sea la situación, ni siquiera en un estado de excepción. Y el nuestro es de alarma. Sí se pueden limitar, señala José Luis Piñar, se pueden tomar medidas, pero siempre respetando los principios esenciales. Es necesario, destaca, precisar la finalidad del tratamiento de los datos, que no se utilicen con otro objetivo que el de la lucha contra el coronavirus, y que la medida desaparezca en cuanto finalice esta situación, porque son medidas puntuales por la excepcionalidad que vivimos. También es importante un control independiente que supervise los datos, y ese control lo tienen la Agencia de Protección de Datos y, por supuesto, los tribunales, asegura Piñar. 

 Si finalizada la situación el control no desaparece estaríamos ante una violación intolerable de nuestro derecho a la privacidad. Y el problema es que la violación de nuestros datos puede pasar, y  pasa, desapercibida. Lo más probable es que no seamos conscientes del mal uso de nuestros datos, que nos los roben, al igual que nos pueden robar la identidad.  Ese riesgo exige  tomar cautelas para garantizar que se restablezca el derecho a la Protección de Datos. Para ello está la Agencia Española de Protección de Datos. Su papel es muy importante, manifiesta José Luis Piñar, que la dirigió durante varios años, y que además es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad San Pablo CEU. Algo que parece claro, desde el minuto uno del coronavirus en España, es que la privacidad de mucha gente se hizo pública.