En este primer año de recorrido de la adaptación española al Reglamento europeo, la Agencia ha atendido 5.500 consultas a través del canal INFORMA_RGPD, 4.300 de alumnos, profesores y padres en el Canal Joven y más de millón y medio en Preguntas Frecuentes de la web de la Agencia.

En cuanto a la acción directa, la Unidad de Evaluación y Estudios tecnológicos ha analizado las 1.700 brechas de seguridad notificadas desde mayo de 2.018, las más comunes “que alguien pierda un pendrive con datos confidenciales de la empresa o de los trabajadores-explica Mar España, directora de la Agencia- y que sea hackeada la empresa. Tiene la obligación de comunicarlos en 72 horas. Se estudia en la Unidad y solo docenas pasan a ser objeto de investigación. En la mayor parte de los casos se analiza si ha supuesto difusión de datos personales y las medidas técnicas y organizativas que la empresa tiene. La mayoría de las veces no se aprecian indicios de infracción”. 

En cuanto a los usuarios, destaca el organismo que a través de los mediadores que la normativa obliga a formar en empresas y administraciones, han conseguido resolver favorablemente, en menos de 90 días, el 74% de los 250 procedimientos con las principales operadoras de telecomunicaciones. La queja mayoritaria es, nos cuenta Mar España, “el uso fraudulento de la identidad de un ciudadano para comprar un teléfono móvil, que lógicamente no paga, porque no las ha contratado en persona, y acaba  en un fichero de morosos. Trabajamos mucho para que las operadoras hagan un tratamiento exacto de los datos y que comprueben la identidad y, sobre todo, para que el ciudadano salga del fichero de morosos”.

Desde la Agencia acaban de abrir procedimiento de oficio para verificar que las compañías de telecomunicaciones den un duplicado de la tarjeta SIM de su teléfono verificando la identidad del solicitante “o bien con el DNI electrónico o bien pidiendo que vaya presencialmente el ciudadano a la tienda “porque hemos comprobado con información de la Policía Nacional que delincuentes que tienen el DNI y el número de cuenta bancaria de otra persona  están pidiendo duplicados y algunas compañías no están verificando adecuadamente la identidad, y acaban desvalijando las cuentas bancarias de los ciudadanos. En esos temas va a haber tolerancia cero por parte de la Agencia”. El organismo también está llevando a cabo inspecciones de oficio en diversos sectores, como el financiero, la seguridad, las comunicaciones, los suministros y el comercio electrónico.

Prioridades: La violencia digital

La Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, se ha puesto deberes: promocionar el Canal de retirada de datos sensibles. Quiere acabar con la violencia digital. “Un vídeo sexual, que se puede haber grabado incluso con consentimiento, un caso de ciberacoso, una paliza a una persona por ser inmigrante o por razones homófobas...no puede haber impunidad. Y cada persona tiene que saber que grabar o reenviar estos contenidos puede tener consecuencias de cárcel, hasta 5 años, multas administrativas por protección de datos, y también responsabilidad civil. Incluso en el ámbito del trabajo puede ser una infracción laboral. Estamos hablando de personas muy vulnerables”.

Acudir al canal es gratuito y “vamos a dar un tratamiento prioritario a esas reclamaciones y lo más importante -destaca Mar España- hemos trabajado con las grandes empresas de internet, Google, Facebook, Instagram, Twitter, para que retiren inmediatamente ese contenido en cuanto recibimos esa reclamación, para intentar que no se haga viral y que el daño no se extienda”. Además, la APD abrirá procedimiento sancionador contra la persona que “con toda irresponsabilidad o con toda la mala intención está difundiendo esas imágenes que pueden causar daños irreparables en la vida de la persona y su familia”.  Hasta la fecha han recibido a través del canal 35 reclamaciones “muy pocas para lo que está pasando en el país”.