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COMPARECENCIA FAMILIA

Castilla y León denunciará al Gobierno ante la UE al negar una ayuda social

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha anunciado que denunciará al Gobierno de España ante la Unión Europea al observar "arbitrariedad" en la denegación de una ayuda por importe de 10 millones de euros que había solicitado para desarrollar un proyecto de inclusión social.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 17:50

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha anunciado que denunciará al Gobierno de España ante la Unión Europea al observar "arbitrariedad" en la denegación de una ayuda por importe de 10 millones de euros que había solicitado para desarrollar un proyecto de inclusión social.

Lo ha anunciado en su comparecencia ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León, donde presenta las líneas generales de su departamento para la legislatura que acaba de arrancar, y en la que prevé "consolidar" un sistema de servicios sociales "de calidad, eficiente, accesible y gestionado a partir de un profundo enfoque ético" y con elementos de "innovación" para optimizar los recursos disponibles.

Dentro de su idea de "reforzar, incrementar y mejorar significativamente la protección social para llegar a más personas", que ha fijado como uno de los objetivos estratégicos de la legislatura, la consejera ha anticipado esa queja hacia el Gobierno de España por el reparto de los fondos europeos tras la pandemia de la covid.

En este sentido, ha recordado que la Junta, en colaboración con las entidades del tercer sector y de las entidades locales, gestiona unos 200 millones de euros aplicados a los Servicios Sociales y procedentes de esas herramientas financieras de la Unión Europea.

Sin embargo, ha lamentado que el Gobierno haya denegado "sin mayor justificación", la realización de un proyecto de 10 millones de euros para programas de inclusión social, lo que en su opinión supone una "decisión arbitraria e injustificada", por lo que ha anunciado el recurso ante la Unión Europea.

En concreto, la consejera ha concretado que centrarán su denuncia en la "arbitrariedad, inexistencia de procedimiento y, sobre todo, por falta de transparencia".

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