La Fiscalía de Cantabria solicita 14 años de cárcel para un hombre por abuso sexual y corrupción de menores, ya que está acusado de abusar sexualmente en repetidas ocasiones de una menor de 13 años, aprovechando las visitas a su casa y acompañada de su madre.

El juicio contra el procesado, que se encuentra en prisión provisional por esta causa, se celebrará el próximo 1 de febrero en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Según el escrito del ministerio público, desde octubre de 2020 hasta enero de 2021 el acusado recibió numerosas visitas en su domicilio por parte de una mujer que acudía acompañada de su hija de 13 años; visitas en las que "era frecuente" que "las invitara a fumar y beber alcohol".

Así, aprovechando momentos en los que la madre de la menor se encontraba en otras estancias de la casa y él podía quedarse solo con la niña en su dormitorio, "en al menos tres o cuatro ocasiones mantuvo relaciones sexuales completas, por vía vaginal" con ella.

El procesado se ganó la confianza de la menor para que accediera a mantener relaciones sexuales con él, ofreciéndola, al menos en una ocasión, 20 euros. Y además, "la manifestaba 'que no le iba a faltar de nada', dejándola que utilizara su teléfono móvil para conectarse a redes sociales".

El 13 de enero de 2021 se produjo una discusión entre el procesado y la madre de la menor, en la que la mujer le acusó "de mantener relaciones carnales con su hija". Un día después, presentó denuncia y desde el día 15 de ese mes el acusado se encuentra en prisión provisional por esta causa.

La menor fue declarada en situación de desamparo por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) el 1 de febrero y desde entonces esta institución asume su tutela.

CALIFICACIONES Y PENAS

La Fiscalía considera los hechos un delito continuado de abusos sexuales a menores con acceso carnal, y un delito de corrupción de menores, merecedores ambos de una condena conjunta de 14 años de prisión, alejamiento y prohibición de comunicar con la niña durante 25 años, a la que deberá indemnizar con 20.000 euros.

Tras el cumplimiento de la totalidad de la pena privativa de libertad y una vez alcance el tercer grado, pide que el procesado sea expulsado del territorio nacional, ya que es de nacionalidad extranjera. Y en el supuesto de que no pueda llevarse a cabo esta expulsión, pide que se le imponga una medida de libertad vigilada de cinco años.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria ejercen la acusación particular y se suman a las peticiones de condena del fiscal.