La crisis del coronavirus ha provocado un retraso o un colapso generalizado en muchas de las instituciones y procesos administrativos del Estado. La situación sanitaria ha afectado a ámbitos tan dispares como la Justicia, la apertura de museos públicos o incluso el fútbol. No obstante, la crisis no ha bloqueado una de las políticas llevadas a cabo por Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa: el acercamiento de presos de ETA a cárceles del norte de España, en particular vascas y navarras.

Y es que desde que el Gobierno anunciase el estado de alarma el pasado 14 de marzo se han tramitado beneficios para nueve reclusos de la banda terrorista. Cinco de ellos, Álvaro Arri Pascual ‘Munipa’, Josune Oña, Íñigo Gutiérrez Carrillo, María Lizarraga Merino y Francisco José Ramada Estévez, han sido trasladados a centros penitenciarios cercanos a sus familias; por otra parte, a otros cuatro, Jagoba Codó Callejo, José Ramón Foruria, Javier Aguirre Ibáñez y Fernando Alonso Abad, se les ha concedido el régimen de tercer grado o semilibertad.

En total, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha autorizado el traslado de 35 presos de ETA a cárceles del norte de España, que se producirá cuando se den las circunstancias que lo permitan, y a otros siete les ha dado el tercer grado. Todo ello desde que la banda anunciara su disolución definitiva en mayo de 2018. El Ejecutivo de Sánchez apostó entonces por dar una mayor flexibilidad a los reclusos etarras y acabar con la llamada política de dispersión.

Acercamientos y permisos penitenciarios

El perfil de los siete presos que han sido acercados o han obtenido el tercer grado durante el estado de alarma es diverso. Sólo uno de ellos, Álvaro Arri ‘Munipa’, tiene delitos de sangre, en concreto, el asesinato de tres personas en un atentado en la plaza de los Ramales de Madrid en 1994. Arri está cumpliendo una condena de 208 años de cárcel y se ha ordenado su traslado de la prisión de Castellón II a la de Burgos.

Además, el etarra ha accedido al segundo grado, por lo que podrá solicitar permisos de salida, al haber cumplido tres cuartas partes de su condena (este cálculo no se hace sobre la pena total, de 208 años, sino sobre el tiempo máximo de permanencia en prisión del ya derogado Código Penal de 1973, fijado a los 30 años).

De los otros ocho presos mencionados, cuatro ya han cumplido tres cuartas partes de su condena, mientras que los otros cuatro aún no. Cabe señalar que, a uno de los reclusos que aún no ha llegado a cumplir esa proporción de su pena, José Ramón Foruria, se le ha concedido el tercer grado “por razones humanitarias y de dignidad personal”, ya que se encuentra gravemente enfermo.

Concentraciones en favor de los presos

Estos movimientos del Gobierno con los presos de ETA se producen, además, en el contexto de las manifestaciones ocurridas en los últimos días en Pamplona reclamando el acercamiento de los terroristas a cárceles de Navarra y País Vasco. En concreto, las personas concentradas en la capital foral se organizaron para apoyar al etarra Patxi Ruiz, que asesinó en 1998 a Tomás Caballero, concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona. Otras protestas similares se han vivido este fin de semana en Bilbao, San Sebastián, Vitoria y otras localidades vascas.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado este lunes en la Fiscalía de la Audiencia Nacional las convocatorias en redes sociales de estos actos de protesta, por un delito de enaltecimiento del terrorismo. "Estas concentraciones no sólo han provocado la convocatoria de movilizaciones sociales, también han sido la causa de múltiples actos de violencia callejera, quema de cajeros y mobiliario urbano y pintadas", expone la AVT en su denuncia.