Viven entre nosotros pero se sienten invisibles, a veces, incluso una carga para quienes les ayudan. Lograr un permiso de trabajo en España es un reto que hasta ahora ha resultado imposible para al menos 500.000 extranjeros que residen aquí en situación irregular, muchos de ellos después de años peleando por tener sus papeles en regla. Regularizar su situación es lo que pretende una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que hace una semana el Congreso aprobó debatir. Y en ella ponen parte de sus esperanzas.

Calculan, porque no hay cifras oficiales, que un tercio de quienes están en situación irregular en España son niños, en torno a 150.000 menores. Con 17 años llegó a nuestro país desde Senegal Papa Seydou Dieng. Lleva 7 años peleando por legalizar su situación pero le está resultando bastante más complicado de lo que imaginó. Su principal dificultad es lograr un contrato de trabajo. Le fue imposible después de años trabajando en una explotación agrícola en la que puso sus esperanzas y más recientemente tampoco ha conseguido tramitar el arraigo por formación.

Con la ayuda de Cáritas en Palma de Mallorca ha aprendido español y ha hecho un curso de construcción pero la oportunidad que busca no acaba de llegar y Papa Seydou-que ya tiene 24 años- siente que las cosas no avanzan y su supervivencia ha pasado a veces por la venta ambulante.

“A mí no me gusta dedicarme a eso pero cuando no tienes papeles tienes que ir a la calle a vender. Hay mucha gente que está en la calle y no quiere pero es que no hay solución, no hay forma de hacer otra cosa. Yo entiendo que cada uno tiene su sueño pero la impresión que yo tengo es la de estar siempre donde estaba” explica Dieng a COPE.

Vive con algo más de 600 euros al mes con los que paga una habitación que comparte con otros amigos senegaleses y acepta los trabajos que le van saliendo por días o por horas y que completa en verano limpiando 3 ó 4 horas diarias en un restaurante. Aspira a seguir formándose hasta que llegue su oportunidad y pueda renovar su Número de Identificación para Extranjeros (NIE) pero admite que es muy difícil porque “nadie contrata sin papeles”.

Con los mismos obstáculos se ha encontrado María Elena Almendarez. Vive en Toledo y ha cumplido los 65 años en España a donde llegó en 2019 junto a su marido y un hijo huyendo de Honduras en una situación complicada. Trató de pedir asilo pero se lo denegaron y si algo tiene claro es que a su país no va a volver.

“Viviendo de las ayudas -que agradecemos- nos sentimos una carga porque lo que queremos mi esposo y yo es trabajar y salir adelante por nosotros mismos. Es una incertidumbre vivir sin trabajo y esperando toda la vida que te ayuden, no es muy digno. No pensábamos que fuera tan difícil obtener los papeles, pero en Honduras corremos peligro y cualquier cosa es mejor que volver” cuenta a COPE María Elena.

Expectantes ante una posible regularización extaordinaria

“¿Esperanza? No lo sé si realmente nos podrán ayudar legalmente o qué es lo que pasará. Estamos esperando a ver de qué forma podemos ver regularizada nuestra situación ya que volver no es una opción para nosotros” señala Almendarez preguntada por la ILP que hace una semana aceptó a trámite el Congreso de los diputados y aún pendiente de debate y de las enmiendas que los grupos quieran introducir durante su tramitación.

Papa Seydou tampoco sabe a qué atenerse después de tantos intentos infructuosos de ver legalizada su situación con el acompañamiento de Cáritas en la oficina de extranjería: “está siendo muy difícil obtener los papeles pero en España yo me siento como en Senegal y quiero vivir aquí así que espero que prospere la regularización aunque no sé muy bien lo que tengo que hacer”.

De conseguirlo para María Elena el sueño “es tener una casa en España y vivir tranquila, sin incertidumbre y con mi familia”. Para Diang regularizar la situación ya es el sueño “es la llave que abre todos los demás que seguirán poco a poco, rampa a rampa hasta ir construyendo mi vida”.

La pelota en manos del Gobierno y de los grupos parlamentarios

Que las más de 500.000 personas que viven en situación irregular en España puedan ver legalizada su situación que les expone a la explotación laboral, a la desprotección legal o a la exclusión va a depender tanto del Gobierno como de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.

“La ILP debe de ser complementaria a los procedimientos de extanjería y debe servir de palanca para que los mecanismos ordinarios funcionen. La legislación española indica que después de 3 años en España una persona puede acceder a la regularización pero esto no está pasando o al menos no en el volumen necesario”, explica a COPE Xavier Parra, representante de Redes que es una de las plataformas que ha impulsado la ILP y director de Sercade, el servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad.

Considera que ha llegado el momento de una nueva regularización extraordinaria de migrantes porque, según señala, “desde hace ya tiempo el volumen de personas que están en situación irregular es superior a la capacidad que tienen los mecanismos ordinarios para aliviar la exclusión y la falta de derechos de ese volumen de personas. Muchos de ellos viven dependiendo de las ayudas y otros muchos trabajan con nosotros y para nosotros en labores de cuidados, se ocupan de las personas a las que más queremos, y, sin embargo, sus derechos son limitados”.

Admite que una vez admitida a trámite la ILP en el Congreso no hay plazos para su debate pero “con el poder que nos dan las 700.000 firmas que hemos logrado tenemos que decirles a los partidos políticos que esto no se puede morir aquí”. Y augura que durante la tramitación “habrá negociaciones complicadas, disparidad de criterio entre los grupos e incluso intentos de que muera en el tiempo el proceso. Tambien es posible que se produzca la puesta en marcha de mecanismos legales paralelos para resolver el problema”.

Los expertos en migraciones y asilo consultados por COPE recuerdan que cuando hay voluntad política de agilizar las cosas como ha ocurrido para la acogida de los ucranianos después de la invasión rusa se hace sin ningún tipo de problema mientras que los procedimientos ordinarios de extranjería se eternizan. Consideran no solo que España tiene capacidad para regularizar a estas 500.000 personas sino que sería beneficioso.

“Desde un punto de vista económico se ha visto que nos beneficiaría a todos ya que solo por cotizaciones sociales y por el IRPF podríamos llegar a ingresar 900 millones de euros al año. Además España necesita y va a necesitar aún más mano de obra por cuestiones poblacionales y por el descenso de la natalidad” apunta en COPE Nuria Ferre investigadora del Instituto de Estudios sobre Mayores de la Universidad Pontificia de Comillas.

Consideran que la ILP no supondrá ningún efecto llamada pues está prevista para quienes llegaron a España antes de noviembre de 2021 y por tanto no servirá para regularizar a los que vengan después. Es una cuestión insisten que corresponde a la soberanía española y en la que la Unión Europea no puede intervenir, más allá de que pueda no gustarles a algunos países.

“La polarización política en España no ayuda a un debate sereno que necesitamos sobre la necesidad de esta regularización. Los partidos están más pendientes del impacto político a corto plazo que en escuchar y tratar de resolver los problemas que viven todas estas personas cuya situación es en muchos casos dramática”, señala Parra.

La última propuesta de regularización extraordinaria en España tiene un único artículo y propone modificar la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social de forma que el Gobierno establezca por medio de un real decreto en el plazo de 6 meses un proceso de regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021.

La anterior regularización extraordinaria se remonta a casi dos décadas y tuvo lugar en 2005 con el Gobierno de Zapatero. De ella se beneficiaron más de 575.000 migrantes y fue la mayor de las 9 que se han hecho 4 impulsadas por el PSOE y 5 por el Partido Popular.

Este mecanismo de regularización extraordinaria ha sido utilizado también por un importante número de países a lo largo de ls últimas décadas. Solo en la Unión Europea entre 1996 y 2008 se llevaron a cabo 43 iniciativas de este tipo en 17 Estados miembros. Las regularizaciones más recientes fueron las llevadas a cabo por Portugal e Italia en plena pandemia.