Era un 24 de julio, del año 2013, en las últimas horas de la tarde y ante una semana de fiestas en Santiago de Compostela. Lo que todo era previsión de alegría y buenas sensaciones ante una nueva edición de las fiestas de Santiago Apóstol, se torció en un suspiro.

En Angrois, a apenas kilómetro y medio de Santiago de Compostela, ocurrió uno de los mayores desastres ferroviarios que se recuerdan en la historia reciente de nuestro país. Un tren Alvia se dirigía a la capital gallega con gran parte de los pasajeros dispuestos a disfrutar de una semana de fiestas en la ciudad.

En una curva pronunciada, el convoy entró a demasiada velocidad y se precipitó de la vía, provocando un descarrilamiento y generando un accidente masivo cuyas consecuencias permanecen presentes todavía a día de hoy. En el tren viajaban un total de 218 pasajeros, de los cuales fallecieron 80 personas y fueron heridas 144.

Nadie salió indemne del accidente ni las seis personas que formaban parte de la tripulación. Precisamente esta, contaba con la presencia del considerado uno de los dos responsables del incidente: el maquinista, quien en las comunicaciones con el puesto de mando confesaba haber sufrido un “despiste” y se quejaba con insistencia de la “peligrosidad” de la zona del accidente en cuestión. Una zona que al parecer era poco clara y que estaba mal señalada. La limitación de la zona era 80 km/h y la velocidad a la que circulaba el Alvia era más del doble de la misma,

El resultado fue una imagen de terror, desolación y un panorama desastroso en el que la sensación completa era de desesperación, particularmente del piloto, quien con un enorme cargo de conciencia y su cara teñida del rojo de su sangre salpicada tras el fuerte impacto, se enfrentaba a partir de ese momento, a un cargo de conciencia que lo sigue persiguiendo aún a día de hoy.

Apertura del juicio oral

En esta última semana se ha producido la apertura del juicio oral por el accidente del tren. La Justicia ha sentado en el banquillo al propio maquinista del tren y al encargado de la seguridad de la circulación de los trenes. A ambos se los acusa de 80 delitos de homicidio imprudente grave profesional y 144 de lesiones por imprudencia grave profesional y delito de daños.

Se les solicita desde la Fiscalía penas de cuatro años de prisión e inhabilitación de la profesión durante el tiempo de vigencia que tenga la propia condena.