En un principio, en diciembre de 2020, valoraron las pérdidas en 300 millones de euros, pero luego han ido sumando y hoy no saben la cantidad. Cada empresa es un mundo y las cantidades perdidas por el confinamiento son diferentes en cada ámbito. Las hay que superan el millón de euros. Cines, gimnasios, discotecas, restaurantes, empresas de distribución de bebidas y alimentos, entre otros sectores, solicitaron créditos ICO, que les han servido para salir al paso y no cerrar, pero que tienen que ir pagando como pueden. Y un gran número de empresarios reconoce a COPE que “no levantan cabeza”.

Muchas de ellas se han unido a una plataforma de empresarios, PEACovid-19, y han presentado una demanda en el Supremo por el cierre de sus negocios o por las pérdidas. Son reclamaciones individuales porque los daños de cada empresa no son comparables, depende del sector, explica a COPE el portavoz de esta plataforma, Javier Candela, que tuvo que cerrar su sociedad. Muchos empresarios han tenido que endeudarse con los créditos ICO para aguantar un poco más, y lo que necesitan, dice Candela, es que el Supremo se pronuncie a favor de los empresarios para que puedan regenerar su negocio y poder volver a contratar. No esperaron a que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional el estado de alarma, acudieron al Supremo en diciembre de 2020.

Antonio es uno de estos empresarios. Tiene una empresa de distribución de bebidas y alimentación y ha perdido 100.000 euros a causa del confinamiento. Tuvo que destruir muchos productos. Caducaban y no podía servir a restaurantes ni a hoteles ni a otros establecimientos. Tiene guardados los justificantes de la destrucción de los productos caducados. “¿Quién me va a pagar la mercancía destruida?”, se pregunta. Y él mismo se responde, “el Gobierno no me va a pagar”. Ahora empieza a repuntar, pero “todo ha subido un 8 ó 10%”, dice. Y cuando no falta mercancía hay huelga o no hay transporte. Y nos cuenta que las ventas han caído un 50%.

Otro caso es el de Manuel. Tenía un restaurante en Cataluña y terminó cerrándolo para trabajar ahora de cocinero en otra comunidad autónoma. También perdió 100.000 euros. Manuel, conocido como el “hostelero insumiso”, se negó a cerrar durante el confinamiento. Le pusieron una multa tras otra pero las recurrió todas y no pagó ni una. Y como su restaurante era el único que estaba abierto lo tenía lleno. “El Tribunal Constitucional sentenció que el estado de alarma era ilegal y nadie me puede condenar por trabajar”, dice Manuel.

Desde diciembre de 2020 se han presentado muchas demandas, nos dicen desde el Tribunal Supremo. De momento, el Ministerio de Justicia se ha visto obligado a reforzar la Sala con tres letrados coordinadores ante el aluvión de demandas y la falta de magistrados por el impedimento legal de que el CGPJ los pueda nombrar. La Sala de lo Contencioso-Administrativo tendrá que dar respuestas individuales, según las características de la empresa y sus pérdidas. Y para fijar criterio tendrá que celebrar un pleno.